Publicado el 2 de marzo de 2021 en La Diaria

Lo que ha pasado en Uruguay con los docentes de secundaria del Liceo Departamental de San José es extremadamente grave. Se separó del cargo a quince docentes y una auxiliar de servicio con retención de medio salario e inicio de sumario por expresar en 2019 una opinión respecto al plebiscito del proyecto «Vivir sin miedo» impulsado por el hoy Ministro del Interior Jorge Larrañaga. Hay que ir bastante atrás en el tiempo para encontrar situaciones en las que se les impedía a los funcionarios ejercer su labor por delitos de opinión, hay que remontarse a períodos enormemente tristes de la historia del Uruguay.

Cuando la directora del liceo, Prof. Miriam Arnejo, presentó la denuncia ese mismo año, esta fue desestimada por las autoridades de la ANEP. Pero, con el cambio de gobierno, se revirtió la decisión y se le dio curso a la denuncia. Los profesores fueron convocados en octubre, y la semana pasada, cuando muchos ya habían elegido sus horas docentes, e incluso en algún caso en el momento en que integraban mesa de examen, se les notificó la separación del cargo con prohibición de ingresar a las instituciones educativas. Un compañero docente de literatura me contó que había dejado unos libros en la institución, y tuvo que pedir a alguien que los retirara porque le impidieron el ingreso.

Muchos participamos de la campaña de FeNaPES contra la reforma constitucional. En dicha campaña nos fotografiábamos con los pañuelos color coral distintivos del no a la reforma, para distribuir esas fotografías en las redes sociales. Un grupo de colegas decidió tomarse una foto en conjunto, y eso dio pie a la sanción. Yo podría haber sido sancionado también, al igual que todos los que participamos en la campaña. El argumento contra estos compañeros en particular fue que se habían tomado la foto dentro del liceo, y que esa circunstancia constituía una violación de la laicidad. Quien vea la foto, que ha circulado estos días por las redes, no verá elemento que permita identificar al liceo, aunque ese no me parece el asunto a discutir. Yo estaba ese día en la institución, había sido convocado a una mesa de examen a la que no se presentó nadie, y me fui antes que mis colegas para volver a Montevideo. Mis compañeros de mesa junto con otros docentes y funcionarios que desempeñaban otras tareas se tomaron la foto, en un momento en que no había otras personas presentes en la institución. Mal pudo haberse violado el derecho a una educación laica de unos estudiantes que estaban ausentes. Se viola sí, creo, el derecho de expresión de unos docentes que manifestaron, huelga decir, un sentir acorde al de la mayoría de los ciudadanos, tal como se expresó en las urnas. La sanción contribuye, sin duda, a establecer una atmósfera de miedo y de autocensura entre los trabajadores de la enseñanza.

Nada más contrario a la laicidad que el miedo a expresar la propia opinión, y discutirla de forma libre, respetuosa y abierta. Hace tiempo que deberíamos saber que la discusión abierta de diversas opiniones es una de las mejores formas de alcanzar verdades y despertar el interés en el conocimiento. Con esto los educadores tenemos alguna experiencia. Lo sabe la directora Miriam Arnejo, que en 2012 invitó a los estudiantes a participar de una charla «cultural», en el Espacio Cultural de San José (donde obviamente, todo es cultura), sobre la legalización de la marihuana donde hacían uso de la palabra el actual presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Javier García, legisladores en aquel entonces. Al ser cuestionada por su accionar, la directora expresó: «en estos tiempos eso no corre. Nosotros vivimos en democracia, nuestra educación es laica y esta dirección respeta sobremanera las dos cosas»¹. Cabe mencionar que la directora continuó ocupando su cargo hasta su jubilación el año pasado. Yo trabajé con ella entre 2018 y 2019, y debo decir que tuvimos una relación cordial. Me da un enorme pesar que haya culminado su carrera con un episodio tan amargo, más al conocer la calidad humana y profesional de los colegas que sufrieron la sanción. Eran verdaderos sostenes de la vida de la institución, respetados y apreciados por colegas y estudiantes. Gente involucrada en la vida cultural de la zona. Profesionales que siguieron formándose luego del profesorado, realizando posgrados en algún caso, y contribuyendo al nivel académico del liceo.

Al ser consultada sobre la sanción aplicada a los docentes a raíz de su denuncia, la profesora Miriam Arnejo estimó que en 2019 la denuncia había sido archivada por «amiguismo»² para con el dirigente de FeNaPES Marcel Slamovitz, que también fue denunciado. Pues con el cambio de gobierno parece que hay nuevos amigos. Y estos han venido implementando una serie de medidas de censura tanto de los sindicatos docentes como de organizaciones estudiantiles: ya se han tapado pintadas de los estudiantes (como repetidamente ocurrió en el liceo Zorrilla); se ha prohibido a los docentes llevar tapabocas con la frase «Educar, no lucrar» (que de hecho, fue tomada de las luchas por la educación en Chile); ahora se separa del cargo a docentes por manifestar una opinión. A Slamovitz, por ejemplo, se lo investiga por llevar un tapabocas con el logo del sindicato al momento de ejercer como veedor en la elección de horas docentes. Es de locos. Siempre hubo veedores sindicales en esas instancias. ¿Nos sancionarán por llevar un pegotín en el termo, también?

Uno se pregunta, ¿qué límites se le plantean a la libertad de expresión? ¿A la libertad de cátedra? Yo, que he tenido la oportunidad de ejercer la docencia en diversos países, con conflictos sociales y políticos bastante más agudos que los que existen en Uruguay, debo confesar que este reciente episodio me ha hecho sentir mucho más amenazadas mi libertad de expresión y de cátedra que ninguna otra circunstancia en que me ha tocado trabajar. Hay que recordar que la chicana de la «violación de la laicidad» se ha utilizado en el pasado para impedir que los docentes habláramos de ciertos temas, como la dictadura, por ejemplo. Pero no hay en democracia antecedentes de sanciones como las que hoy nos ocupan.

En el origen de este conflicto está la promesa del proyecto impulsado por el hoy ministro Larrañaga de vivir sin miedo. Luego, al asumir el gobierno, el presidente Lacalle Pou afirmó su deseo de que los uruguayos seamos más libres, expresando con seguridad una aspiración de índole liberal que orientaría su gobierno. Mal no vendría que nuestros gobernantes repasaran de vez en cuando de qué iba el liberalismo en el que afirman inspirarse. Da una enorme tristeza que, paradójicamente, en el Uruguay de hoy, a raíz de episodios como este, se viva con menos libertad y con más miedo.